La crisis de octubre de 2019, que permitió el proceso constituyente en el cual estamos involucrados, fue ante todo una crisis política. Por lo mismo las soluciones deben buscarse en ese espacio, más que en la redacción de ‘sofisticadas cláusulas jurídicas’. Concentrar la salida al brete en que estamos exclusivamente en la redacción de la Constitución es un autoengaño. La historia está llena de cementerios de textos constitucionales que no fueron capaces de responder a sus tiempos.

Tras el acuerdo de noviembre de 2019, subyacían tres pactos necesarios para enfrentar la crisis. El pacto social, que buscaba establecer mecanismos redistributivos, un sistema de derechos sociales efectivos, con mecanismos de diálogo e inclusión social, garantizando equidad ambiental. El pacto territorial, que implicaba cumplir con la vieja promesa constitucional de la descentralización el poder, una que ha estado presente desde los inicios de la República y que ha provocado permanentes frustraciones. Y el pacto con los pueblos originarios, uno que desde el retorno a la democracia ha tratado de canalizar mecanismos para corregir las injusticias provocadas a las comunidades indígenas, especialmente desde finales del siglo diecinueve hasta hoy.

Creo que en ocasiones hemos olvidado con facilidad esas razones. La demanda por cambiar todas las instituciones es más poderosa que atender a los pactos centrales que se encuentran tras el problema constitucional que nos ha puesto en esta encrucijada. Y es que en algunos convencionales pareciera primar la pasión de la contingencia más que el pacto del largo plazo. Algo que David Hume denominó ‘esa incurable estrechez del alma que les hace preferir el presente a lo remoto’.

Un ejemplo evidente de esto es la propuesta que esta semana discutirá el pleno de la Convención sobre sistema de justicia. La posibilidad de que el sistema institucional pueda masificar jueces de duración temporal, así como la supresión del ‘fuero’ de los jueces que impide su detención sin orden judicial, descansan, en opinión de sus promotores, en suprimir ‘privilegios’ que no se justifican. Sin embargo, los defensores de esas ideas olvidan con facilidad que la ‘independencia judicial’ no es un privilegio de los jueces sino, ante todo, una garantía para las personas que recurren ante estos.

Cambiar las instituciones simplemente porque sí, con prescindencia de dar respuesta al problema que nos trajo hasta acá, es manifestación de esa ‘estrechez de alma’, en la que algunos convencionales al parecer han preferido construir problemas para alimentar expectativas de solución. Esa forma de actuar es únicamente garantía de frustraciones, y consume tiempo valioso para arribar a un acuerdo en torno a esos tres pactos esenciales que debemos resolver.