A tres semanas de la suscripción del acuerdo para una nueva Constitución, la comisión técnica entregó el texto de propuesta de reforma constitucional que lo hace viable. Su contenido -con indiferencia de las cuestiones teóricas que muchos podrían invocar- viabiliza de un modo razonable una nueva Constitución.
Pareciera conveniente no olvidar que hasta hace menos de un mes nadie pensaba que nuestro país podía transitar, como nunca en su historia, hacia un nuevo texto Constitucional que fuera resultado de un proceso de transformación democrática, sin fractura institucional y en el cual la ciudadanía podrá decidir directamente si deseo o no un nuevo texto, la modalidad en que quiera que esta se discuta, y la aprobación o rechazo final de la misma. No existe ningún precedente en el mundo que pueda demostrar una trayectoria como esa.
Aunque el texto de la comisión mantiene la idea de la hoja en blanco, es decir, que el nuevo texto será escrito integramente por el organismo constituyente, sí trata de explicar algunas cuestiones inherentes al proceso. De ahí que señale que lo que se discutirá por la constituyente será el contexto de que Chile es una «República», porque pareciera que estamos de acuerdo desde la independencia que no deseamos una monarquía; que esta debería ser democrática, es decir, que con indiferencia del régimen política que se decida -presidencialismo, semipresidencialismo o parlamentarismo- sus autoridades deben ser electas por voto popular y sujetas a rendición de cuentas, y que los tratados internacionales suscritos, un asunto que preocupaba especialmente a las organizaciones de derechos humanos, deben ser respetados. Las tres parecieran ser obviedades, pero identificando el propósito del acuerdo es una buena manera de superar el «sindrome de la hoja en blanco» y así evitar la parálisis acerca de los mínimos constitucionales.
Como ha demostrado la reciente encuesta Espacio Público- Ipsos, los chilenos consideran que los tres temas prioritarios para dar respuesta a las movilizaciones sociales son pensiones, salud y sueldo mínimo. Por ello, el proceso constituyente debe ser capaz de generar las condiciones que permitan recuperar la dignidad de la política para dar solución a esos temas. Esa dignidad, sin embargo, no será completa si el congreso no garantiza la paridad de género y la representación de los pueblos indígenas en el organismo constituyente.
Como explicó Hannha Arendt, el «derecho a tener derechos» supone la existencia de un orden político y un espacio público donde las personas puedan actuar, deliberar y ser tomadas en cuenta por sus acciones y opiniones. En esos consiste la igualdad política y la discusión de una nueva Constitución es un momento único para que esta sea genuinamente reconocida.