Hace algunos días se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) de 2021. El instrumento tiene datos bien interesantes (por ejemplo, la baja del índice de victimización de los delitos que mide la ENUSC a un 16,9%) y otros muy preocupantes (por ejemplo, la baja también del índice de denuncia a un 32,6% y el aumento de la percepción de inseguridad a un 86,9%). Estos resultados se prestaban para iniciar una conversación y debate público que mire con profundidad un tema que todas las encuestas indican es una prioridad para las personas y en la que se requiere altura de miras para avanzar en políticas de Estado que tengan la posibilidad de introducir mejoras reales.

Lamentablemente, los principales debates y opiniones de diversas autoridades recogidas por los medios de comunicación que he visto en estos días dan cuenta de algo diverso: una discusión de muy mala calidad, mal enfocada y que probablemente no permita avanzar en cuestiones productivas en la materia. Se podrá decir que el ambiente polarizado de campaña explica esto. Es verdad que vivimos un momento especialmente sensible. Con todo, vengo observando este fenómeno de paulatino deterioro de la calidad de la discusión pública en materia de seguridad y delincuencia ya hace algún tiempo y me parece que lo que ha ocurrido estas semanas simplemente consolida esta tendencia.

En esta columna quisiera mencionar tres claves o ejes que permiten comprender en qué sentido hablo de mala calidad del debate público en la materia. Una primera clave tiene que ver con la politización, en un mal sentido, que ha tenido el análisis de la seguridad pública en el país. En esta dirección, las discusiones y análisis en la materia parecen más orientados a ganar una pelea chica, anotarse un puntito, salir un par de minutos en la televisión y obtener una ganancia de corto plazo menor que a enfrentar en serio los graves problemas y consecuencias que produce la delincuencia. Se pierde el valioso tiempo y esfuerzo que suponen esos debates y que podríamos invertir en hacernos cargo en serio de los problemas.  Un ejemplo de esto es la opinión que entregó una ex subsecretaria del área y varios parlamentarios partidarios del gobierno anterior que intentaron atribuirse como un éxito de su gestión la baja de victimización de la ENUSC del 2021 argumentando que ello no podía atribuirse al efecto pandemia ya que el campo de la encuesta se había hecho entre octubre y diciembre de 2021, cuando las restricciones de la pandemia ya eran menores. Ese argumento no se hace cargo que las preguntas de la ENUSC miran hasta doce meses atrás del campo, es decir, se les pregunta a las personas por su victimización el año anterior, cubriendo por tanto hechos acaecidos desde octubre de 2020 en adelante. Por lo mismo, incluye un período en el que estuvieron vigentes muchas restricciones derivadas de la pandemia. Dudo que esa omisión sea por ignorancia.

Otra expresión de esta politización en mal sentido está en la idea de reducir el debate en materia de delincuencia a uno de responsabilización. Un buen ejemplo ha sido la discusión en estas semanas acerca de si los problemas de seguridad son responsabilidad del actual gobierno o del anterior, lo que parece bastante irrelevante y, en todo caso, un tipo de análisis que opera sobre la base de una enorme simplificación de la realidad. Mucho más problemático, ha sido la tendencia que por años se viene dando en políticos de distintos sectores en atribuirle los problemas de la delincuencia a los jueces (por su excesivo garantismo), haciendo ataques destemplados que han ido minando en el tiempo la confianza pública y legitimidad en instituciones que son claves para el adecuado funcionamiento de un Estado de Derecho. La irresponsabilidad detrás de este tipo de estrategias y la falta de lealtad institucional es impresionante.

Una segunda clave para entender la mala calidad del debate público en estas materias ha sido la existencia de una suerte de ¨pensamiento mágico¨ bajo el cual problemas sociales complejos se resuelven de manera muy simple con una medida que opera como una solución. Por ejemplo, hace pocos días una alcaldesa de una comuna del oriente de Santiago insistía que el problema central en la materia era la falta de voluntad de enfrentar a la delincuencia por parte de las autoridades. Esto es algo que se repite insistentemente. En esta lógica, pareciera entonces que estamos frente a una solución muy fácil, hay que decidirse a enfrentar este problema y así éste se resolverá. Me temo que esto no va a funcionar. Hemos tenido autoridades que manifestaron mucha voluntad de enfrentar a la delincuencia, incluso prometiendo que la fiesta se acabaría ¿fue capaz eso de mover la aguja? Es evidente que cualquier política de Estado requiere de voluntad y decisión como punto de partida, pero más allá del eslogan, seguir pensando que ese es verdaderamente el problema en la actualidad no nos va a llevar a avanzar mucho.

El pensamiento mágico también se refleja en la idea que estos problemas complejos se resuelven con ¨balas de plata¨ que tienen el poder de solucionarnos. Recordemos el debate que hubo ya hace varios años sobre el control de identidad. Se planteaba como la gran herramienta que permitiría reducir el crimen y la delincuencia. Gastamos una enorme energía institucional durante todo ese período para que se aprobara y se pusieron muchos huevos en la canasta de esa reforma legal. Finalmente, se introdujeron las reformas en el año 2016 y a más de seis años de eso, ya casi nadie se acuerda que esa era la solución de todos los males y ni siquiera ha existido una evaluación de las autoridades policiales y civiles de su impacto. Para qué decir lo que ocurre hoy día con el estado de emergencia constitucional. Hace pocas semanas había parlamentarios que lo pedían para enfrentar los problemas de criminalidad en todo el país. Pensamiento mágico: si decretamos estado de emergencia en la comuna de Santiago ¿se acaba la delincuencia?

Finalmente, una tercera clave que quiero mencionar es el desarrollo de lo que he denominado en una columna anterior como una ¨política criminal guachaca¨. Con esto me refiero a que las muchas de las propuestas que se debaten en esta materia se hacen sin fundamento o incluso contrariando la evidencia disponible y luego descansando excesivamente en el instrumento legal como principal respuesta.

Un ejemplo de lo primero se dio nuevamente en el debate por ampliar los controles de identidad en Chile. Se sostuvo insistentemente que era una medida idónea para prevenir y disminuir la delincuencia contrariando toda la evidencia disponible en la materia que señala que su impacto es nulo o en el mejor de los casos menor. Otro ejemplo ha sido la caracterización del problema de la delincuencia juvenil en el país. Por años se viene insistiendo en el debate público que el problema es el aumento de jóvenes infractores y delitos cometidos por ellos. La evidencia muestra lo contario. Así, allí en donde el 2008 hubo alrededor de 70.700 jóvenes imputados de cerca de 55.600 delitos; en el año 2018 esas cifras habían bajado a 28.300 y 34.900 respectivamente, es decir, una baja sostenida en 10 años (el 2021 las cifras son aún más bajas, pero prefiero no incluirlas por los sesgos propios del período de pandemia). En la contracara, la evidencia muestra que el problema estaría más bien que un pequeño porcentaje de los infractores tendría una gran cantidad de imputaciones. Como se puede observar en ambos ejemplos, cuando no se considera la evidencia adecuadamente se corre el riesgo de errar miserablemente en las medidas de solución. Perdemos tiempo, recursos y esfuerzos políticos y técnicos en respuestas que no son tales y el problema se sigue agravando.

Sobre lo segundo, mas que un ejemplo me interesa destacar lo problemático que es reaccionar frente a cualquier problema en materia de delincuencia con el anuncio o presentación de un proyecto de ley. Es verdad que la ley es necesaria para corregir muchas cosas, pero varios de los problemas que tenemos hoy en el país no son por falta de reglas o defectos en las mismas, sino en dificultades para que operen en la práctica. Esto tiene que ver mucho más con cambios a nivel de prácticas, operativos y organizacionales que con otra cosa. Por otra parte, no se considera que el impacto de la ley es mucho más limitado de lo que se cree en la realidad y, en todo caso, toma tiempo y esfuerzo producirlo. Eso supone diseñar procesos de implementación adecuados y hacer evaluaciones periódicas, cuestiones que suelen brillar por su ausencia en los proyectos que se anuncian o en las iniciativas legales que se presentan.

Tomarnos en serio a la seguridad pública y delincuencia pide como punto de partida que elevemos la calidad del análisis y del debate público en la materia. Pienso que una forma de iniciar un proceso en esta dirección es que los líderes y autoridades de distinto signo político que tiene responsabilidad en la conducción del país y sus instituciones eviten incurrir en las claves que he revisado brevemente en esta columna. ¿Es muy ingenuo esperar eso?