SEÑOR DIRECTOR:
En los últimos años, el servicio Clave Única, mecanismo de identidad digital del Estado, se ha transformado en un servicio de misión crítica. El problema es que lo estamos administrado como circo pobre: a los insuficientes recursos para la operación y mantención de la plataforma, se suman problemas de seguridad en el pasado, la nebulosa respecto a quiénes la utilizarán (¿los privados también?) y la urgente necesidad de un sistema de operación acorde a las exigencias que tiene y tendrá.
En el 2021, este servicio llegó a volúmenes de casi 90 millones de transacciones mensuales. Para hacerse una idea: toda la banca nacional tiene 200 millones en solicitudes de saldos y cartolas, y la red de cajeros automáticos 18 millones. Estamos ad portas de tener que implementar la Ley de Transformación Digital del Estado, la que implicará un crecimiento significativo en el uso de Clave Única, producto de la digitalización de los trámites.
Urge que estos desafíos sean abordados, partiendo por sincerar el modelo y sus costos. De lo contrario, corremos un serio riesgo de que la falta de considerar la implementación al momento de su diseño, lleve a un nuevo fracaso de una política que es clave para la ciudadanía.