Durante la primera mitad del siglo XX, Santiago experimentó un intenso proceso de migración desde el campo y las salitreras, duplicando su población entre 1940 y 1960 y aumentando también su superficie. El resultado fue una enorme escasez de vivienda hacia mediados de los años 60, impulsando la aparición de campamentos en tomas de terrenos en la periferia urbana que, construidos con desechos y surgiendo sorpresivamente durante la noche, recibieron el apodo de ‘poblaciones callampa’.
Ya en 1954 se había creado la Corporación de la Vivienda (Corvi) para organizar la provisión masiva de habitación económica; sin embargo, la emergencia parecía inabordable. El gobierno de Eduardo Frei Montalva innovó con la denominada ‘Operación sitio’, estrategia propuesta por el Banco Mundial en países en desarrollo para proveer suelo con servicios básicos, asegurando tenencia, asentamientos planificados y aprovechando la valiosa capacidad de organización y autoconstrucción progresiva de los propios pobladores. En cinco años se logró entregar 70.000 sitios a más de 380.000 personas, urbanizando extensas áreas periféricas. No obstante, el proceso de tomas de terreno siguió en aumento, tanto por la incapacidad de las políticas públicas de resolver las carencias, como por la radicalización de las reivindicaciones sociales en aquella época. Muchas de las tomas de terreno ocurridas terminaron regularizadas, mejoradas en su infraestructura y hoy son parte de un paisaje urbano continuo y formal.
Luego de un período en que pareció disminuirse la brecha, hoy volvemos a experimentar un explosivo aumento en el déficit de la vivienda, con una proliferación de campamentos como no habíamos visto en décadas. Esta vez las razones son más complejas: existe una nueva pobreza encubierta, que es el allegamiento (la convivencia de tres o más generaciones en una misma casa); también el hacinamiento o tugurización, cuyas víctimas generalmente son migrantes, y por último aquellos individuos bajo la línea de la pobreza, casi invisibles para la institucionalidad, obligados a la marginalidad y la precariedad del campamento ilegal, sobre todo a partir de la pandemia.
La carencia de vivienda básica es un problema permanente y sin signo político salvo, tal vez, en el concepto de los instrumentos planteados para abordarlo: la disponibilidad del suelo (fiscal o adquirido), el financiamiento, la escala, la gestión (pública o subsidiaria), la sistematización de su producción (diseño centralizado o local, tipo de construcción, etc.), el involucramiento de las comunidades en su organización y en el proceso de asentamiento y construcción, como parte de la solución. Cual sea la fórmula, hoy como antes deberemos estar dispuestos a examinar el fenómeno de los campamentos ilegales como un componente más en la búsqueda de alivio a un problema urgente.