La adhesión del presidente Gabriel Boric al Acuerdo de Escazú, junto a la aprobación unánime por parte del Senado de la Ley de Cambio Climático, son hitos ambientales que debemos celebrar decididamente. Estos resultan fundamentales —y complementarios— para el desarrollo de nuestra institucionalidad ambiental, permitiéndonos avanzar hacia un desarrollo sostenible.

La mencionada ley fija como límite para alcanzar la carbono neutralidad el año 2050, al tiempo que presenta principios fundamentales como los de no regresión y progresividad, equidad y justicia climática, transparencia y participación. En particular, respecto de este último punto, señala que ‘es deber del Estado contar con los mecanismos que permitan asegurar la participación de toda persona o agrupación de personas en la gestión del cambio climático, tanto a nivel nacional, como regional y local’.

Por su parte, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el acceso a Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe es, por los derechos que consagra, crucial para este mismo cometido. Al fortalecer los mecanismos de transparencia, participación y justicia a través de un estándar internacional, fortalece la democracia ambiental y promueve el tránsito hacia una sociedad resiliente y justa.

Desde Espacio Público, junto a diversas organizaciones de la sociedad civil, sostenemos que permitirá complementar los instrumentos ya existentes, aportando a las políticas de Estado, a la vez que sirve de referente para el vigente proceso constitucional. También la OCDE ha resaltado su importancia, declarando que el acuerdo fomentará las inversiones sostenibles en la región. En síntesis, al suscribir este acuerdo, Chile podrá incorporar a su repertorio una herramienta estratégica para nuestra institucionalidad y para la ciudadanía. Es deber del Congreso aprobar la adhesión de Chile a la brevedad.

Cabe recordar que la Primera Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú se realizará en abril de este año en la sede de la Cepal, en nuestra capital. Chile debe retomar su participación y liderazgo internacional en este tratado, demostrando nuestro compromiso político transversal hacia una democracia ambiental que, entre otros aspectos, reduzca los conflictos ambientales y proteja a nuestros defensores del medio ambiente.