SEÑOR DIRECTOR:
Si se comprueba la manipulación de evidencia realizada por Carabineros en la «Operación Huracán» estaríamos frente a un hecho gravísimo. Se trataría de conductas delictivas planificadas y no producto de un simple error o exceso, lo que socava un pilar básico del sistema de justicia penal como esta confianza en la veracidad del trabajo policial.
El caso plantea algunos temas adicionales. Primero, la existencia de controles adecuados al trabajo investigativo policial. La agenda pública en tos últimos años ha estado plagada de iniciativas destinadas a aumentar dichas facultades, y a la vez disminuir sus controles. La experiencia comparada y local de muestra que eso nos expone a situaciones de este tipo. Un sistema de justicia penal sano requiere un equilibrio que se ha perdido. Un segundo punto es la pregunta sobre la adecuación del diseño actual de Carabineros a las exigencias de una sociedad democrática del siglo XXI. Hay demasiados indicadores que apuntan a la necesidad urgente de encarar una reforma y modernización de carácter estructural que se ha venido postergando en forma incomprensible. En tercer término, el caso plantea serias dudas acerca de la voluntad real de la institución policial de sujetarse al poder civil del que depende, y éste de ejercer su rol contralor. Esto obliga a mirar en forma crítica nuestro diseño institucional. Finalmente, también surgen dudas acerca del uso que se realiza de legislación especial (como la ley sobre sistema de inteligencia) y nos plantea la necesidad de revisar y perfeccionar dichos estatutos.
Es de esperar que una vez que pase el impacto inmediato nos demos tiempo para reflexionar sobre estos temas y avancemos en un programa de reformas que a esta altura parece indispensable.