El proyecto de ley y debate público a propósito de los ‘gastos reservados’ abre una oportunidad de corregir una situación que se ha prestado para prácticas graves de corrupción. Por esto, debemos prestar atención a que una reforma se haga verdaderamente cargo de los problemas más relevantes en la materia. Una primera cuestión que debe ser examinada es la correcta delimitación de qué es lo que constituye un gasto reservado y cuál es su propósito en una sociedad democrática. A la luz de esto, se puede discutir si conviene o no mantenerlos y, en ese caso, si se justifica su existencia en todas las instituciones que actualmente cuentan con ellos; por ejemplo, en la presidencia. Una segunda cuestión tiene que ver con el proceso de determinación del monto requerido para gastos reservados.
En la actualidad, no existe un control relevante del Congreso en el proceso presupuestario. El temor a que un mayor control les haga perder su carácter de ‘reservados’, ha sido un obstáculo para avanzar en esta dirección. Sin embargo, es posible pensar en distintos mecanismos que compatibilicen ambos intereses; por ejemplo, sesiones especiales del Congreso en estas materias, con la obligación de la debida reserva. Especial mención requiere el régimen de las FF.AA. y Carabineros, que hoy cuentan con un sistema de piso mínimo de gastos reservados asegurado, que suprime en la práctica el control democrático necesario.
Finalmente, es indispensable establecer un sistema de control real a su ejecución. Como han señalado el Contralor y, desde hace tiempo, varios expertos, el estándar de rendición actual impide cualquier tipo de control real, lo que seguramente es uno de los factores que explican los casos de corrupción recientemente conocidos. Esperemos que el debate en el Congreso permita abordar todas estas dimensiones y fortalecer así una materia que tiene una regulación muy deficitaria.