En nuestra anterior columna nos referíamos al dilema de las ‘megatorres’ de vivienda en la comuna de Estación Central, de las que una veintena –más de 6.000 departamentos– no podrán ser habitadas por haber sido declaradas ilegales en su construcción, transgrediendo normas urbanísticas, de modo que ahora las inmobiliarias afectadas se allanan a negociar alguna compensación con tal de recuperar sus inversiones. Los perjuicios al entorno son incalculables: cada torre concentra cientos de departamentos minúsculos, hechos para el lucrativo negocio de la renta residencial, pero impidiendo el arraigo de familias, la buena convivencia, la eficiente administración y el fortalecimiento de comunidades y barrios. El tamaño y la densidad impuestos sobre los vecindarios ha significado un descalabro en tráfico y movilidad, acceso al sol y la ventilación, capacidad de las redes sanitarias, seguridad y tranquilidad. Sin duda, lo más grave es la absoluta carencia de espacio, servicios y equipamiento públicos en proporción adecuada a la nueva población hacinada en estas torres.

Diversas voces desde el gremio y la academia (agradezco especialmente los aportes conceptuales del arquitecto Francisco Vergara Dávila) han propuesto ideas para intentar resolver este desastre. En rigor, un edificio ilegal que además perjudica el entorno debe ser demolido, pero los costos financieros y medioambientales de hacerlo son tan grandes en este caso que es razonable debatir alternativas: compensaciones, reparaciones, mitigaciones. En primer lugar, las negociaciones deberían ser consensuadas con las comunidades afectadas, estableciendo prioridades para eventuales aportes a un fondo de desarrollo comunal. En cuanto a las torres mismas, la mayor urgencia es proveer amplio espacio público nuevo, vaciando y adaptando los primeros pisos para restituir suelo urbano y acoger usos colectivos, como servicios, equipamiento y comercio. Se debería agregar estacionamientos subterráneos dentro de los predios y añadir ascensores adosados a las fachadas, si es necesario, así como las plantas de los edificios deberían ser radicalmente reconfiguradas en sus tabiquerías para diversificar los tipos y tamaños de departamentos, de modo de disminuir la densidad, incentivar el arraigo de familias y posibilitar la integración social. Por último, el Estado tendría aquí la extraordinaria posibilidad de expropiar inmuebles hoy legalmente inhabitables para efectuar estas rehabilitaciones y entregarlos en concesión a privados para vivienda de interés social en arriendo, tal como se viene haciendo por décadas en países desarrollados.

Todas estas operaciones son factibles y financiables, dadas las circunstancias. Sentarían un precedente ejemplar en el mundo entero sobre cómo convertir un verdadero escándalo de abuso y negligencia en una oportunidad de hacer mejor ciudad.