En un intercambio, los objetos tienen distintos valores. Tienen un valor de uso representado por aquello que objetivamente se obtiene en el intercambio. El valor de uso de un teléfono, por ejemplo, está dato por la cantidad de memoria que tiene, por la rapidez de su conexión, etc. Pero tienen también un valor de cambio. Este es el valor simbólico que se le asigna a los bienes en un intercambio. Un iPhone por ejemplo, puede aportarle, más status, más reconocimiento social a su usuario que un teléfono de marca desconocida. Así, una persona puede estar dispuesta a pagar más por el iPhone que por el teléfono sin marca pese a tener las mismas características objetivas. El costo del teléfono en el mercado refleja ambos tipos de valor.
Tras la primera vuelta y en el marco de las negociaciones electorales, hemos observado cómo la gratuidad en la educación superior, se ha convertido en una moneda de cambio entre los distintos candidatos. Se ha convertido en el eje del clivaje entre derecha e izquierda. La editorial del diario La Tercera del jueves 30 de noviembre es clara en criticar al candidato Piñera quien pasó de querer eliminar a querer extender la gratuidad en esta segunda vueltatraicionando con esto su norte ideológico. “Resulta extraño –dice la editorial- que la centroderecha haya abandonado convicciones que son esenciales en su ideario como la focalización de los recursos públicos y el uso de soluciones privadas a problemas de política pública”.
Digamos que la gratuidad tiene un valor de cambio y un valor de uso. Su valor de cambio, su valor simbólico, es la expectativaque tienen los jóvenes, hasta ahora excluidos de esa posibilidad, de acceder a la educación superior. Su valor de uso en la contienda electoral es el número de votos que se compran con ella: te doy gratuidad a cambio de tus electores.
¿Qué pasa cuando en el debate empieza a primar el valor de uso por sobre el valor de cambio de una política pública que asegura a ciertos sectores un derecho del que hasta ahora no se habían beneficiado?
Probablemente, en este caso en particular, en que se trata de una política que atañe a los jóvenes, el resultado sea una desafección aun mayor por parte de ellos respecto de la política. Espacio Público realizó recientemente 10 grupos de conversación con jóvenes de sectores vulnerables acerca de sus vidas cotidianas. Resultó impactante la nula referencia que, en su descripción de Chile, hicieron al Estado. El Estado para ellos no existe, no es parte de sus vidas, no los atañe en nada. La única referencia que alguna vez se hizo al Estado fue a la gratuidad. El Estado para ellos, adquiere forma y significado en la gratuidad.
Puede que la gratuidad imponga un costo enorme a las arcas fiscales del país. Puede que, efectivamente, esos recursos estén mejor invertidos en otros lados. Puede que, como señala esta editorial, “el CAE […] [sea] una solución más adecuada”.
Sin embargo, esto es desconocer el valor de cambio que una política como la gratuidad tiene para los jóvenes. El reconocimiento de este derecho social, el paso del CAE a la gratuidad, de la deuda con el banco al soporte del Estado, significa para ellos el pasar a formar parte de una comunidad simbólica –el Estado- de la que, hasta ahora, más que sentirse excluidos, no tenían conciencia práctica de su existencia. Negociar con este derecho social, por otro lado, no puede sino profundizar el sentimiento de extrañeza, de no pertenencia, de total exclusión y de desafección de la lucha política por su control.
Estas razones pueden parecer etéreas en un debate en que lo más importante es el costo de cada programa. Sin embargo, una democracia que se sostiene en tasas de participación cada vez más bajas está lejos de ser un problema que solo convoca a los cientistas sociales o los sectores de izquierda. Es, la convivencia social, la estabilidad del país –en último término, aquella que permite que los negocios crezcan- la que está amenazada.
Hay mucho más en juego en el debate sobre la gratuidad que los votos que uno u otro candidato logre conseguir. Entre otros, el lugar que se le reconoce a los jóvenes en el Estado y la política. Si a los candidatos les preocupa que Chile tenga una de las tasas de participación electoral juvenil más bajas del mundo, deberían empezar a considerar el valor de la gratuidad más allá de los votos que les va a permitir comprar.