El sistema político era uno de los ámbitos en los que el proceso constituyente podía lograr avances importantes. Sabemos que el sistema actual padece de un bloqueo que impide la tramitación de reformas, distanciando cada vez más a la ciudadanía de nuestras instituciones. Con la propuesta definitiva ya en nuestras manos, podemos empezar a evaluar hasta qué punto se logró dicho objetivo, teniendo al texto de la Comisión Experta como un punto de comparación.

Respecto a la reducción de la fragmentación, el Consejo eliminó la elección parlamentaria conjunta con la segunda vuelta presidencial, que tenía el potencial de fomentar mayorías parlamentarias. Asimismo, al menos hasta la elección de 2029, el famoso umbral del 5% se debilitó enormemente. No sólo pasó a ser del 4%, sino que se bajó a cuatro (en vez de ocho) el número mínimo de parlamentarios electos requerido para que un partido obtenga representación en la Cámara. El texto también permite la fusión de los partidos que no obtengan el umbral de votación mínimo, creando así otra forma de esquivarlo y reconociendo, de paso, la existencia de los pactos electorales previos a las elecciones (en parte responsables de la actual proliferación partidaria).

Respecto a la regulación de los partidos políticos, se diluyen significativamente las medidas del anteproyecto que buscaban reforzar la disciplina partidaria, manteniéndose únicamente la sanción de pérdida de escaño para los parlamentarios que renuncien a sus partidos.

Las innovaciones más significativas se refieren a la reducción del número de representantes electos por distrito (entre dos y seis) y la disminución de los miembros de la Cámara, que pasan a ser 138. Tal como fue advertido en este diario por directores de Espacio Público (Altman, Sajuria y Suárez-Cao, 12/10/2023), dichas medidas no sólo son arbitrarias, sino que carecen de evidencia que las respalde. La reducción de la magnitud de los distritos no está necesariamente asociada a la disminución de la fragmentación, mientras que el menor tamaño de la Cámara atenta contra su representatividad, uno de los problemas centrales del sistema.

Aunque el texto propuesto contiene innovaciones interesantes (como la creación de una oficina parlamentaria de finanzas públicas), falla en su misión esencial de fomentar la existencia de partidos políticos fuertes. Estos se caracterizan por ser representativos de la ciudadanía, dotados de una institucionalidad sólida y estructurados sobre una visión programática, jugando un rol clave en la generación de políticas públicas basadas en acuerdos amplios y socialmente legitimados. El texto del Consejo, más que avanzar en soluciones para la extendida animadversión ciudadana hacia la política, pareciera querer sacar provecho de ella para fines electorales.