Hace pocas semanas se conocieron las estimaciones del Banco Mundial sobre el aumento que registraría la pobreza en Chile en 2022. En un contexto de alta inflación y desaceleración económica —considerando una línea de pobreza de US$6,85 por día—, dicho organismo proyecta que la pobreza aumente a 10,5% este año, manteniéndose igualmente alta en 2023, sobre los niveles prepandemia.

La inflación —que en septiembre llegó a 13,7% anual— ha afectado significativamente el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables. El gasto de estos hogares se concentra en alimentos, cuyos precios han subido considerablemente, registrándose a septiembre un alza de 23% anual en la canasta básica de alimentos.

El país ha iniciado una normalización de los desequilibrios macroeconómicos acumulados en 2021, en los que incidieron las elevadas transferencias monetarias y retiros de fondos. Las recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional apuntan a que el crecimiento del PIB disminuiría desde 11,7% en 2021, a 2,1% en 2022 y a -1,3% en 2023.

En línea con ello y con el probable deterioro del mercado laboral, las autoridades han mantenido medidas de apoyo al empleo y concentrado esfuerzos en la protección social. Pero los desafíos habituales en esta materia se acrecentarán con las tendencias globales en digitalización, las consecuencias de la crisis climática y los flujos migratorios.

En este contexto, acompañado además por una alta incertidumbre interna y externa, se requiere más que nunca de un esfuerzo mancomunado con las organizaciones de la sociedad civil. A nivel del Estado, la coordinación intersectorial y multinivel será fundamental para enfrentar la pobreza y vulnerabilidad. En el marco de la descentralización, los gobiernos regionales debieran tener un rol cada vez más importante, reforzando así un enfoque territorial que atienda las importantes desigualdades regionales y locales.

La investigación académica es amplia, al igual que los aportes de la sociedad civil. Entre muchos otros desafíos, se ha planteado el fortalecimiento de las políticas de capacitación y de aquellas para permitir una mayor participación laboral femenina. La eficiencia y fortalecimiento del sistema de transferencias monetarias, actualmente fragmentado, es otro de esos desafíos.

Así, las recientes proyecciones son una alerta oportuna respecto del nuevo escenario que enfrentamos en pobreza. Una alerta que debiera movilizarnos como sociedad y reforzar nuestra disposición al esfuerzo colectivo, superando las lógicas electorales que han sobresalido en el último tiempo. Pasos efectivos en esta dirección ayudarían también a recuperar gradualmente la confianza en las instituciones, y en su capacidad de procesar las preocupaciones de los más vulnerables.