Uno de los principales desafíos del proceso constitucional es juzgar adecuadamente qué reglas deben quedar plasmadas en el texto constitucional y cuáles deben dejarse a la política ordinaria. Aunque no existe una receta única, contamos con algunos criterios que pueden ayudar.

La Constitución no debería establecer reglas rígidas ahí donde existen controversias sociales fundamentales, respetando así el pluralismo existente en la sociedad. Ello es relevante en temas sobre los que conviven visiones contrapuestas en nuestro país, como el derecho a la vida y la regulación del aborto, y la definición sobre qué entendemos por identidad y tradición chilena.

Deben evitarse también las definiciones constitucionales específicas en aquellas materias en las que sabemos que existen desacuerdos profundos. El debate de los últimos años ha demostrado que hay miradas contrapuestas sobre la regulación de los derechos sociales.

Además, la provisión de estos está sujeta a una constante evolución de acuerdo a los cambios sociales y demográficos del país. Es aconsejable, por tanto, usar un lenguaje constitucional abierto, que habilite la adopción y renovación de acuerdos, y permita al legislador echar mano a las distintas soluciones técnicas disponibles en cada momento.

Un ámbito en el que se debe proceder con especial cuidado es en la definición de las reglas básicas del juego político. Es fundamental que todos los actores que participan del proceso democrático perciban que sus normas básicas aseguran la igualdad de condiciones. Sólo así se asegura el escenario para que las diferencias sociales, culturales y políticas existentes sean resueltas democráticamente y por vía institucional. 

Sin perjuicio de algunos avances en las votaciones del pleno, durante los últimos días el Consejo Constitucional ha desatendido estos criterios, adoptando acuerdos en materias que corresponde dejar a la política ordinaria. Por ejemplo, la regulación del financiamiento y provisión de ciertos derechos sociales (libertad de elección en salud y seguridad social, propiedad de los fondos de pensiones, y normas sobre financiamiento y currículum de la educación escolar, entre otros), la definición de actividades asociadas a la identidad nacional, la limitación de la diversidad cultural en atención a la tradición nacional, la eliminación de las contribuciones a la vivienda principal, y la reforma de los distritos electorales de diputados y diputadas.

La clausura constitucional del debate público en estas materias dificultará la aceptación transversal del nuevo texto constitucional y su aprobación ciudadana en diciembre. Ningún sector político se beneficiará de un nuevo fracaso, el cual será enrostrado por la ciudadanía al sistema político en su conjunto. Es hora de redoblar los esfuerzos para obtener, por fin, una Constitución transversal.