Señora Directora:

La crisis sanitaria y social por la pandemia ha mostrado fortalezas en seguridad social,pero también ha hecho más visibles problemas estructurales en pobreza, desigualdad y vulnerabilidad; y retos en distintos sistemas, como en el Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL).

El SIL sustituye el ingreso del trabajador ante el reposo fundado en una licencia médica. Para una enfermedad o accidente común, el subsidio se financia con el 7% de salud; que además financia prestaciones médicas. Su funcionamiento depende de la afiliación a ISAPRE o FONASA, y en este último caso, de si la empresa está incorporada o no a una Caja de Compensación (CCAF). El SIL tiene una institucionalidad altamente fragmentada, que dificulta su gestión y monitoreo, y su gasto ha crecido aceleradamente.

Gran parte del SIL de los afiliados a FONASA es pagado por las CCAF, más del 90% en 2020. Para ello, reciben por ley una parte de la cotización de salud, que en 2022 es de 6,45%, es decir, casi la totalidad del 7%.

Un análisis detallado del diseño, institucionalidad y operación del SIL es necesario para velar por su adecuado funcionamiento y evitar que se tensione la posibilidad de fortalecer el sistema de salud.