El ingreso de las enmiendas marcó el inicio de una etapa crucial del proceso constituyente. Sin embargo, el tenor y la entidad de los cambios propugnados es una fuente de preocupación para su éxito. Las enmiendas no sólo adolecen de fallas técnicas, sino que se enfrentan a diagnósticos y avances transversalmente acordados, tanto por la Comisión Experta como por el Congreso.
El sistema político es un ámbito central en que el proceso constituyente puede lograr avances. A estas alturas, es un diagnóstico compartido que el aumento del número de partidos, la fragmentación excesiva del Congreso y la creciente indisciplina partidaria han derivado en un bloqueo del sistema que impide la tramitación de las demandas de la ciudadanía (basta pensar en pensiones y salud).
El anteproyecto de la Comisión Experta contiene normas que buscan hacerse cargo de este diagnóstico. Entre otras, establece la elección parlamentaria conjunta con la segunda vuelta presidencial, señala un piso de votación para que los partidos tengan representación parlamentaria (5% de los votos u ocho parlamentarios), fortalece los partidos políticos y su financiamiento público, y crea mecanismos de democracia directa y deliberación ciudadana.
Varias de las enmiendas presentadas buscan eliminar o restar eficacia a estas normas. Así, se modifican las reglas que favorecen la construcción de mayorías, reponiendo la fecha actual de la elección parlamentaria y bajando el piso de votación para obtener escaños (se disminuye a seis el número de parlamentarios exigido). Se pretende también eliminar los foros de deliberación ciudadana, a pesar de los casos de éxito a nivel comparado, en que han logrado involucrar a la ciudadanía en la producción de políticas públicas.
Otras enmiendas parecen desconocer avances transversales de los últimos años. Se busca eliminar la inclusión, a nivel constitucional, de la prohibición legal de los aportes de personas jurídicas privadas a partidos políticos, un progreso clave propuesto por la Comisión Engel. Mención aparte requiere la idea de disminuir el número de parlamentarios, la que conllevaría el riesgo de atentar contra la representatividad del Congreso y agravar el problema de desigualdad del voto entre distritos. Por último, se elimina el mecanismo transitorio para la igualdad de representación entre mujeres y hombres, incluido en el anteproyecto en continuidad con los avances en paridad aprobados por el Congreso.
Han sido muchas las personas que han alertado sobre el riesgo de que estas y otras enmiendas descarrilen un proceso hasta ahora caracterizado por la apertura a los acuerdos. Es de esperar que, en la etapa de discusión que se inicia, todos los sectores profundicen su apertura a la deliberación y su intención de obtener consensos transversales.